El Senado aprobó este martes la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos. El dictamen, que busca ampliar el uso de medios de pago digitales y reducir gradualmente el uso de efectivo, fue enviado al Ejecutivo Federal.
En lo general, el dictamen fue aprobado con 72 votos a favor de Morena y aliados y 34 en contra de la oposición. Durante la discusión en lo particular, senadores del PAN, PRI y Morena presentaron reservas para modificar diversas disposiciones, pero ninguna fue aceptada. Los artículos reservados fueron avalados en los términos del dictamen, con 72 votos a favor y 37 en contra.
La discusión estuvo marcada por cuestionamientos de legisladores de oposición sobre las facultades que tendría la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para determinar los sectores y actividades en los que los pagos digitales serían la única modalidad aceptada, así como por preocupaciones sobre fiscalización, acceso a servicios financieros y la brecha digital.
El dictamen establece una ley integrada por 22 artículos y cinco transitorios. Entre los medios de pago que reconoce están los códigos QR, dispositivos de comunicación de campo cercano (NFC), tarjetas de débito y crédito, servicios de domiciliación y transferencias de fondos, además de otras modalidades digitales y electrónicas.
También incorpora la CURP Digital y el Expediente Digital Ciudadano como mecanismos de confianza para la contratación de servicios financieros mediante medios digitales.
La legislación establece que los proveedores de bienes y servicios y las autoridades de los tres órdenes de gobierno deberán habilitar la infraestructura necesaria para implementar estos medios de pago y promover su utilización. También señala que deberán adoptar medidas para atender contingencias que impidan realizar transacciones digitales.
Uno de los puntos centrales de la reforma es la facultad de la SHCP para determinar los sectores estratégicos y las actividades relevantes en los que los pagos digitales serán la única modalidad aceptada. Al mismo tiempo, el texto establece que el efectivo y los cheques podrán utilizarse cuando una contingencia afecte temporalmente la disponibilidad de los sistemas digitales.
También faculta al Banco de México para implementar programas informáticos que faciliten las transferencias electrónicas, emitir disposiciones para homologar aplicaciones de servicios financieros y establecer medidas o infraestructura para favorecer el acceso a servicios financieros. Además, plantea que las autoridades adopten modelos de homologación de trámites relacionados con el desarrollo económico emitidos por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.
Sin embargo, la oposición cuestionó tanto los alcances de la reforma como la manera en que se plantea su aplicación. El senador del PAN José Máximo García López sostuvo que la digitalización podría convertirse en un mecanismo de mayor fiscalización y recaudación.
“Nos la quieren vender con un bonito envoltorio de modernización, vanguardia e inclusión financiera. Pero no nos engañemos, esto no es inclusión, es voracidad recaudatoria e inspección fiscal con piel de oveja”, dijo.
García también cuestionó el papel que podrían desempeñar el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y los intermediarios financieros en las operaciones cotidianas. Sostuvo que “¡se les acabó el dinero!” y acusó al gobierno de buscar obtener recursos adicionales mediante la digitalización de las transacciones.